Resolución de la PIP que declara la existencia de una relación laboral — cómo funciona desde 2026

La condición que se olvida con facilidad

La resolución no puede dictarse inmediatamente después de las comprobaciones de la inspección. El art. 11 ust. 1 pkt 7a establece expresamente que la condición para dictarla es el incumplimiento de la orden a la que se refiere el art. 11 ust. 2 pkt 2 de la Ley de la PIP — la orden de subsanar las infracciones consistentes en no haber celebrado un contrato de trabajo cuando en la relación jurídica que une a las partes predominan los rasgos de una relación laboral del art. 22 § 1 del Código del Trabajo. La norma exige asimismo aplicar el art. 10 del Código de Procedimiento Administrativo, es decir, garantizar la participación activa de las partes en el procedimiento.

La propia orden tampoco se dicta por sorpresa: el órgano la emite después de permitir a las partes de la relación jurídica pronunciarse. Se dicta por escrito registrado en papel o en forma electrónica, y el inspector fija el plazo de cumplimiento de modo que su evaluación se produzca aún durante la inspección (art. 34 ust. 1c de la Ley de la PIP).

El punto en el que se resuelve el asunto es, por tanto, la orden y no la resolución. Cumplir la orden en el plazo señalado cierra la vía a dictar una resolución con base en el art. 11 ust. 1 pkt 7a.

Quién tramita el procedimiento y cómo

Conforme al art. 33a ust. 1 de la Ley de la PIP, el procedimiento lo inicia el inspector de trabajo de distrito (okręgowy inspektor pracy) — sobre la base de las comprobaciones realizadas durante la inspección por un inspector de trabajo — y lo notifica a las partes. Son partes las entidades y personas a las que la resolución puede afectar (ust. 2).

El órgano tiene una opción (ust. 3): puede dictar la resolución o interponer una demanda de declaración de la existencia o del contenido de la relación laboral. La demanda resulta más adecuada, en particular, cuando es necesario abarcar un periodo anterior al que puede comprender la resolución (ust. 6). Si se interpuso la demanda, ya no se dicta resolución en el ámbito abarcado por ella (ust. 7).

El art. 33a ust. 4 obliga a tener en cuenta la voluntad de las partes — siempre que no sea contraria a la ley, en particular a las normas del derecho laboral o a los principios de convivencia social, ni pretenda eludir la ley. La incoación del procedimiento interrumpe el plazo de prescripción de las reclamaciones laborales; tras la interrupción, el plazo corre de nuevo desde la firmeza de la resolución o de la sentencia del tribunal (ust. 8).

La ejecutividad inmediata es una excepción: el art. 108 del Código de Procedimiento Administrativo se aplica en este procedimiento únicamente a las personas amparadas por una protección especial frente al preaviso o la extinción del contrato de trabajo (art. 33a ust. 5).

Qué contiene la resolución

El art. 34 ust. 2b de la Ley de la PIP enumera los elementos del fallo: identificación de las partes del contrato de trabajo, tipo de contrato de trabajo, fecha de su celebración, tipo de trabajo, lugar de prestación del trabajo, jornada de trabajo y cuantía de la remuneración por el trabajo. La resolución contiene también la motivación fáctica y jurídica (ust. 2c) y toma en cuenta la situación de hecho existente durante la inspección — desde el día de su inicio (ust. 2d).

Si el material probatorio reunido por el inspector de trabajo de distrito no permite determinar un elemento, el art. 34 ust. 2e obliga a indicar: tipo de contrato — contrato por tiempo indefinido; lugar de prestación del trabajo — la sede del empleador; jornada de trabajo — jornada completa; cuantía de la remuneración — la remuneración mínima por el trabajo.

La regla es que la fecha de celebración del contrato de trabajo es la fecha en que se dicta la resolución (art. 34 ust. 2f). La excepción del ust. 2g: si en el periodo comprendido entre el día de inicio de la inspección y el vencimiento del plazo para recurrir o la firmeza de la sentencia del tribunal se produce — por iniciativa del empleador — la extinción o el preaviso del contrato civil, su vencimiento o el cese de la prestación efectiva del trabajo, la fecha de celebración del contrato de trabajo es la fecha de inicio de la inspección.

Una garantía aparte se desprende del art. 34 ust. 2l: dictar la resolución no puede ser base de ningún trato desfavorable del trabajador y, en particular, no puede constituir causa que justifique el preaviso de la relación laboral ni su extinción sin preaviso por parte del empleador.

Efectos, ejecutividad y recurso

Art. 34 ust. 2j: desde el día en que se dicta, la resolución produce los efectos jurídicos vinculados a la declaración de existencia de una relación laboral en el ámbito del derecho laboral, del derecho tributario, de la seguridad social y del seguro de salud, así como de las aportaciones obligatorias a los fondos indicados en normas separadas.

La ejecutividad se reguló por separado (ust. 2k): la resolución se hace ejecutiva el día siguiente al día en que vence el plazo para recurrir, si ninguna de las partes interpuso recurso — o el día de la sentencia firme del tribunal, o el día en que se le otorga la ejecutividad inmediata.

La entidad inspeccionada a la que se dirigió la resolución está obligada a informar al órgano competente de la Inspección Nacional de Trabajo sobre su ejecución, por escrito registrado en papel o en forma electrónica, una vez que la resolución sea firme (art. 35 ust. 1).

La vía de recurso no conduce al tribunal administrativo: la parte puede recurrir la resolución y también presentar queja contra el auto que le otorga la ejecutividad inmediata, según las reglas del Código de Procedimiento Civil (art. 34 ust. 5a de la Ley de la PIP).