Decisión de retorno y proceso penal — cómo funciona realmente el procedimiento

De dónde viene el debate

La noche del sábado 1 de agosto de 2026, en el barrio de Muchobór en Wrocław, una ciudadana polaca de 30 años fue atacada con un cuchillo e ingresó en el hospital en estado que ponía en riesgo su vida. Inmediatamente después del hecho, la policía detuvo a un ciudadano de Ucrania de 18 años, sospechoso de tentativa de homicidio. El Consulado General de Ucrania en Wrocław condenó el ataque y señaló que el autor debe responder conforme al derecho de la República de Polonia.

Respecto de la persona sospechosa rige la presunción de inocencia: hasta que exista una sentencia judicial firme no se la considera culpable (art. 42 ust. 3 Konstytucji RP). En este artículo no resolvemos la disputa política que se generó en torno al hecho. Describimos cómo funciona el procedimiento de retorno según las normas vigentes, porque es la pregunta que reaparece en cada caso de este tipo.

La obligación de retorno es un procedimiento administrativo, no parte de una condena penal

La decisión de obligación de retorno la dicta el comandante de una unidad de la Guardia de Fronteras o el comandante de un puesto de la Guardia de Fronteras: de oficio, cuando el propio órgano constata la existencia de un motivo, o a solicitud, entre otros, del voivoda (wojewoda), del comandante provincial o distrital de la Policía, del Jefe de la Agencia de Seguridad Interior (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego) o de un órgano de la Administración Nacional de Hacienda (art. 310 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach). No la dicta un tribunal penal y no es una pena.

La ley enumera dieciséis motivos para dictar tal decisión (art. 302 ust. 1). Para los casos con componente penal son relevantes dos. El punto 9: cuando así lo exijan razones de defensa o de seguridad del Estado, o la protección de la seguridad y del orden público, o el interés de la República de Polonia. El punto 11: cuando el extranjero haya sido condenado en Polonia por sentencia firme a una pena privativa de libertad ejecutable y existan fundamentos para tramitar su traslado al extranjero con el fin de ejecutar esa pena.

Conviene observar lo que no figura en esa lista: la simple detención o la mera formulación de cargos no constituyen un motivo autónomo. El órgano puede fundar la decisión en el punto 9, pero debe acreditar un riesgo concreto para la seguridad o el orden público. Su valoración queda sujeta a control en el procedimiento de recurso y, después, al control del tribunal administrativo.

Por qué una persona detenida no sale „de inmediato”

Incluso dictada, la decisión no implica una salida inmediata. La ley indica expresamente los supuestos en los que la decisión de obligación de retorno no se ejecuta: entre otros, cuando en Polonia se ha impuesto al extranjero una medida cautelar de prohibición de salir del país (art. 330 ust. 1 pkt 7), o cuando está en curso un procedimiento para concederle protección internacional, o un permiso de estancia por razones humanitarias o estancia tolerada (art. 330 ust. 1 pkt 1–3).

El procedimiento de retorno no se inicia en absoluto, y el ya iniciado se archiva, cuando el extranjero es entregado a un tercer Estado en virtud de una solicitud de extradición de una persona reclamada, o a otro Estado de la Unión Europea en virtud de una orden europea de detención, con el fin de tramitar contra él un proceso penal o de ejecutar una pena (art. 303 ust. 1 pkt 14 i 15).

En la práctica, la persona en prisión provisional o que cumple una pena queda a disposición del tribunal y de los órganos de persecución penal. Expulsarla antes de concluir la causa penal supondría renunciar a juzgar el hecho en Polonia y a ejecutar la pena impuesta.

Plazo de salida voluntaria, ejecución inmediata y retorno forzoso

La regla es un plazo de salida voluntaria fijado en la decisión: de 8 a 30 días, contados desde el día de su notificación (art. 315 ust. 1). El órgano puede prorrogarlo, una sola vez y a solicitud del extranjero, si lo justifica, entre otros, una situación personal excepcional, en total no más de un año (art. 316).

El plazo de salida voluntaria no se fija en dos supuestos: cuando existe probabilidad de fuga del extranjero, o cuando así lo exijan razones de defensa o de seguridad del Estado, o la protección de la seguridad y del orden público (art. 315 ust. 2). La decisión dictada por este segundo motivo es de ejecución inmediata (art. 315 ust. 5).

La ejecución forzosa consiste en conducir al extranjero hasta la frontera o hasta un aeropuerto o puerto marítimo del país de retorno, y la realiza la Guardia de Fronteras (art. 329 ust. 1–4). Un procedimiento aparte, el más severo, se aplica a las amenazas terroristas y de espionaje: la decisión la dicta entonces el ministro competente en asuntos internos a solicitud del Comandante General de la Policía, del Jefe de la Agencia de Seguridad Interior o del Jefe del Servicio de Contrainteligencia Militar (Służba Kontrwywiadu Wojskowego), y la decisión está sujeta a ejecución forzosa inmediata (art. 329a).

Prohibición de reingreso: de seis meses a diez años

En la decisión de obligación de retorno se resuelve sobre la prohibición de reingreso al territorio de la República de Polonia y de los demás Estados del espacio Schengen, y se fija el periodo de esa prohibición (art. 318 ust. 1). Su duración depende del motivo en el que se fundó la decisión (art. 319 ust. 1).

De 6 meses a 3 años: para los motivos del art. 302 ust. 1 pkt 1–3, 6–8, 10, 12, 13, 15 lub 16. De un año a 3 años: por trabajo sin el permiso o la declaración exigidos, o por actividad económica ejercida de forma contraria a la normativa (pkt 4 lub 5). De 3 a 5 años: para pkt 11 lub 14. De 5 a 10 años: por razones de defensa, de seguridad del Estado o de orden público (pkt 9) y en el procedimiento del art. 329a ust. 1.

Si el extranjero no abona las cantidades correspondientes a los costos de dictar y ejecutar la decisión antes de que expire el periodo de la prohibición, esta se prorroga por imperio de la ley hasta el día del pago, pero no más allá de 5 años (art. 319 ust. 2). La prohibición puede revocarse a solicitud del extranjero, mediante decisión del órgano que dictó la decisión en primera instancia (art. 320).

Recurso: 7 días, no 14

Es el elemento del procedimiento que más se confunde. El órgano superior respecto del comandante de una unidad y del comandante de un puesto de la Guardia de Fronteras en los asuntos de obligación de retorno, prórroga del plazo de salida voluntaria y revocación de la prohibición de reingreso es el Comandante General de la Guardia de Fronteras (Komendant Główny Straży Granicznej), y el recurso se interpone en el plazo de 7 días desde el día de la notificación de la decisión (art. 321).

Es un plazo más corto que los 14 días estándar del Código de Procedimiento Administrativo (Kodeks postępowania administracyjnego), aplicables a las decisiones del voivoda en materia de permisos de residencia. Confundir ambos plazos termina en la pérdida de la vía de recurso. Agotada la vía administrativa, cabe recurso ante el tribunal administrativo de voivodato (wojewódzki sąd administracyjny); el recurso de casación ante el Tribunal Supremo Administrativo (Naczelny Sąd Administracyjny) debe ser redactado por un adwokat o un radca prawny (art. 175 § 1 p.p.s.a.).

Qué cambió para los ciudadanos de Ucrania el 5 de marzo de 2026

La ley del 23 de enero de 2026 sobre la extinción de las soluciones derivadas de la ley de asistencia a los ciudadanos de Ucrania en relación con el conflicto armado en el territorio de ese Estado (Dz. U. poz. 203) entró en vigor el 5 de marzo de 2026. Derogó el art. 42b de la ley especial, el precepto que daba al órgano de la Guardia de Fronteras una base facultativa para no iniciar o archivar el procedimiento de retorno respecto de un ciudadano de Ucrania al que no afectaban razones de defensa, de seguridad del Estado, de protección de la seguridad y del orden público, ni un interés de la República de Polonia que abogara por la obligación.

También se derogaron los art. 42 ust. 6 i 7 de la ley especial, que prorrogaban hasta el 4 de marzo de 2026 el plazo para cumplir la obligación de salir del territorio de la República de Polonia y el plazo de salida voluntaria fijado en la decisión de retorno dictada a un ciudadano de Ucrania.

Se mantuvieron, en cambio, hasta el 4 de marzo de 2027, las prórrogas de los periodos de estancia con visado nacional y de la validez de tales visados, de la validez de los permisos de residencia temporal, así como de la validez de las tarjetas de residencia, de los documentos polacos de identidad de extranjero y de los documentos de „permiso de estancia tolerada” expedidos a ciudadanos de Ucrania (art. 42 ust. 3a, 5a i 8 de la ley especial).

Conclusión práctica: desde el 5 de marzo de 2026 los ciudadanos de Ucrania están sujetos al procedimiento de retorno según las reglas generales. La válvula de seguridad anterior, basada únicamente en la nacionalidad, ya no opera.

La magnitud según los datos de la Guardia de Fronteras

Según el balance de la Comandancia General de la Guardia de Fronteras (Komenda Główna Straży Granicznej) para 2025, más de 9 mil extranjeros ejecutaron decisiones de obligación de retorno, de ellos más de 2 mil en régimen forzoso. Ese mismo año la Guardia de Fronteras realizó controles de legalidad de la estancia a casi 81 mil extranjeros y controles de legalidad del empleo a 64 mil, y a unas 26 mil personas se les denegó la entrada.

En el debate público aparece la cifra de „más de 10 mil deportados en 2025”. No coincide con los datos de la Comandancia General de la Guardia de Fronteras. El número de decisiones dictadas y el de decisiones ejecutadas son dos categorías estadísticas distintas: antes de invocar una cifra concreta, verifique a cuál de ellas se refiere.